Palabra de Gestión

Así como hay inquietud por quién ocupará la presidencia del BCR, también debe haberla por aquel que se encargue de la Sunat.

Julio Lira

El Perú está a 12 días de celebrar el bicentenario de su independencia, y a 12 días también de que un nuevo gobierno asuma el poder. Sin embargo, hay una prolongación de la incertidumbre que vive el país que se acentuó tras el 6 de junio, cuando se llevó a cabo la segunda vuelta electoral, no solo por los vaivenes que han tenido los resultados electorales, sino por la falta de definiciones que conlleva la situación actual en los casos, por ejemplo, de la salud y la economía. Además, hay que sumar a lo anterior el impacto que tendrá la polarización política y el probable debilitamiento del liderazgo en los partidos con presencia en el nuevo Congreso, el cual afrontará una atomización de bancadas y el riesgo de que se multiplique el número de agrupaciones en el recinto de la plaza Bolívar.

Las consecuencias de la polarización política se reflejarán en una mayor conflictividad social en momentos en que la economía muestra señales de recuperación y avanza la vacunación, aunque con la amenaza de una tercera ola del COVID-19 que puede iniciarse entre agosto y setiembre y elevar a 289.000 el número de fallecidos, según estimación de EsSalud. Bajo las actuales circunstancias, la volatilidad de la cotización del dólar registra una incertidumbre diaria, que para las familias significa un aumento de los precios de alimentos importados, por ejemplo, y también dificultad para el cumplimiento del pago de los créditos.

En esa línea de hechos, un escenario que se asume en un gobierno de Pedro Castillo es que prevalecerá la moderación, tomando en cuenta las declaraciones de Pedro Francke, quien lleva la batuta de la vocería de los temas económicos desde la segunda vuelta. Otro escenario es que, más bien, se imponga una línea radical, o que en todo caso

—quizá lo más probable— coexistan las diversas facciones que hay en el interior de Perú Libre. En tanto, desde el lado de Fuerza Popular (FP), la decisión de no aceptar los resultados por las denuncias que se hicieron al proceso electoral —y que deja una mala señal con el comportamiento que tuvo el Jurado Nacional de Elecciones— configura una situación similar a la vivida en el último quinquenio, aunque no con la misma intensidad, dado que tan solo la consistencia de las bancadas de FP y Renovación Popular será mayor que el resto, donde hay la posibilidad de que otras agrupaciones se fraccionen y, con ello, se favorezca a Perú Libre.

El otro ingrediente de la incertidumbre es la intención de elaborar una nueva Constitución —ratificada directamente por el propio Castillo y que no es sorpresa, pues siempre formó parte de su plan de campaña—, para lo cual se contemplan alternativas que ahora no están en la actual Carta Magna, lo que, desde ya, plantea problemas. El solo hecho de poner en agenda el tema es un factor que originará preocupación para la recuperación de la economía en momentos en que buena parte de las inversiones están detenidas.

En cuanto a la actitud empresarial, esta por ahora se mantiene en “esperar y ver”, aunque algunos gremios empresariales y compañías se han reunido con Castillo y otros con Pedro Francke. Este último, además, ha participado en reuniones virtuales con bancos de inversión en donde, justamente, ha mostrado una postura de moderación, pero sin descartar la Asamblea Constituyente. La última encuesta del Banco Central de Reserva registra un deterioro de las expectativas empresariales.

Y, por último, hay dos hechos que añadir a las preocupaciones. El primero es la amenaza a la libertad de expresión, que ya no solo proviene de Vladimir Cerrón, sino que se ha extendido a otros integrantes de Perú Libre. La segunda es la gestión del Estado, pues hay el riesgo de una politización de las entidades públicas, principalmente de los organismos reguladores. Así como existe inquietud por quién ocupará la presidencia del BCR, también debe haberla por aquel que se encargue de la Sunat, dada la información sensible que maneja la administración tributaria.

El panorama que se vislumbra es una incertidumbre permanente. Importará la legalidad, pero también la legitimidad. Y esta vez, a diferencia de lo que sucedió en años anteriores, la voz de la ciudadanía tendrá mayor relevancia.